Un país  sin educación pública de calidad no puede aspirar seriamente al desarrollo. Una nación sin una educación pública de calidad y sin financiamiento estatal sostenido, no se puede definir como democrática. El estado debe responder seriamente a la pregunta sobre qué hacer con las universidades estatales. Esta respuesta tiene más de 20 años de atraso. Los anteriores gobiernos, por las razones que se esgriman, no supieron valorar el rol de la educación pública, sobre todo de sus universidades. El actual va por la misma. Pero con un salvedad, sabe lo que quiere hacer, pero en dirección contraria. Es decir, reducir a la mínima expresión su presencia y someterla a los dictámenes del mercado.

El rol de la universidades pública es insoslayable en cualquier proceso de desarrollo y de democratización. Lo mismo sucede en las regiones. No habrá descentralización efectiva, sin el rol activo de las universidades regionales. Y en el caso que nos ocupa sin la presencia de la Universidad Arturo Prat. Una nación que reclama, desde la sociedad civil, descentralización y desconcentración no puede prescindir de las universidades regionales. Por eso que a la pregunta  de más arriba habría que agregarle otra: ¿Qué quiere el Estado de las universidades regionales? El tema del lucro, el más sensible de todos y la falta de regulación aparecen como los más sentidos. A ello hay que sumarle el complejo entramado burocrático que están sujetas nuestras universidades. A diferencia de las privadas, las nuestras son más lentas. Y es obvio, nos sometemos a una serie de normativas y de control, que las privadas carecen. Pero además, en las públicas hay un claro compromiso con la investigación y con la vinculación con el medio. En otras palabras, hay una vocación por lo público, que las privadas carecen.

La reforma a la educación superior es de vital importancia. Pero huele más a contrarreforma que a otra cosa. Y eso es lo preocupante. Las marchas de los estudiantes con los rectores en primera final indican que al fin, en los estamentos (estudiantes y académicos) hay un consenso básico. Que hay que mejorar la calidad de las universidades, eso nadie lo discute, pero eso no es producto de la inspiración divina. Depende en gran medida del apoyo que el Estado nos brinde para llevar a cabo procesos que se traduzcan en calidad en el amplio sentido de la palabra.

Por ahora el aula se ha trasladado a la calle. Y los estudiantes, una vez más, nos han sacudido de la modorra institucional. Los académicos también nos hemos sumado.  Ojalá que nuestros parlamentarios alcen su voz para que la situación de nuestra querida Universidad Arturo Prat, también sea escuchada en el centro del país.

Publicado en La Estrella de Iquique, el 12 de junio de 2011, página A-8